¿Qué es la plusvalía?
Nuestro País está experimentando cambios
drásticos; cambios que están beneficiando a unas personas, pero en otros casos
vulnerando derechos de otros; o, al menos eso siente muchas personas; sin
entrar en el campo político es imperioso aclarar el tema de moda en estos
últimos meses LA PLUSVALIA, lo cual voy
a tratar de explicarlo en palabras sencillas para su entendimiento; tema que lamentablemente
por la falta de difusión en las personas y en su caso la desinformación de algunos
medios de comunicación, se ha creado una confusión, y, hoy con una reformatoria
a la misma, está causando caos en quienes quieren vender o comprar, confusión
que envuelve incluso a Notarios, Corredores de Bienes Raíces, Arquitectos, Abogados,
Municipios y Registradores de la propiedad; que hace que los usuarios
comúnmente nos confundamos, y limitemos
que grandes negocios se celebren por el desconocimiento del tema.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE)
se refiere a la plusvalía como “el aumento del valor de un objeto o cosa por motivos extrínsecos a ellos”. El origen del
concepto de plusvalía lo encontramos en el economista David Ricardo, pero gana
importancia en la teoría del valor-trabajo del filósofo y economista Karl Marx.
Históricamente la plusvalía ha existido y es
un impuesto que se encuentra vigente en la normativa ecuatoriana, mas no es un
impuesto nuevo; impuesto que grava la transferencia de dominio, calculado en un
10% entre la diferencia del valor del antecedente de dominio y el valor de
venta del mismo, impuesto que se exonera entre otras causas a los 20 años de
tenencia de la propiedad por un mismo dueño; impuesto regulado el 11 de agosto del 2010 por el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que derogó la Ley Orgánica
de Régimen Municipal, que trataba de esos temas y reasignó competencias sobre
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo.
Como podemos observar el impuesto ya existía, lo que
se pretende con esta reformatoria a la ley es evitar la especulación del suelo,
lo cual no resulta descabellado, pero en vez de crear un incentivo para que en
primer lugar se sincere el precio de los predios a través de una reforma no
impositiva, sino más bien dándoles un tiempo prudencial a las personas que
regulen el valor de sus predios de manera voluntaria a través de una exoneración
o incentivo, lo que pretende hacer esta reformatoria a mi criterio es castigar a
los especuladores, pero también a la clase media que lamentablemente es la que
sufre siempre las consecuencias de este tipo de decisiones; y en segundo lugar,
que luego de sincerado los precios de los inmuebles, se evite desde ese punto
ya depurado del valor de los predios la especulación; pero al parecer se está
restringiendo y poniendo limites a todos los actores de la construcción para poder
avanzar en una regeneración del País, creando confusión, desempleo y una recesión
de la economía.
Para resumir pondremos algunos puntos importantes que
recoge esta reformatoria:
1. A criterio de los Asambleístas el valor
especulativo del suelo, aplica a la
ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles, siendo el cálculo ya
mencionado de la Ley de la COTAD, la que regirá en la primera venta; siendo el
impuesto para la segunda venta el resultado de reconocer al propietario una
ganancia ordinaria que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y
gastos por mejoras, una tasa de interés bancaria, y, un equivalente a 24
salarios básicos unificados; una vez sumados estos valores, la ganancia
extraordinaria es repartida en un 25% al legítimo dueño, y, en un 75% al Estado.
Se exceptúa extrañamente a las Instituciones y
Empresas Publicas, Estados Extranjeros y Organismos internacionales, los cuales
seguramente si pueden tener una ganancia ilegal; y, a los promotores inmobiliarios que realicen
proyectos de vivienda social y prioritaria (menos de USD 70 000), en este punto
nos preguntamos cómo reflexión y a manera de ejemplo, si un ciudadano común compra
con un crédito hipotecario una vivienda, y por mala suerte pierde después de un
tiempo su empleo, pero lo más penoso es que en ese tiempo el Estado dota de
todos los servicios básicos y complementarios, que lógicamente lo paga el mismo
ciudadano no porque le regalaron nada; la zona crece y con inversión privada se
hacen muchos proyectos inmobiliarios, a más de centros comerciales , etc., esta
persona al vender su inmueble, porque como repito por mala suerte su inversión subió
de manera acelerada, él va a tener que pagar un 75% de su ganancia
extraordinaria, e ilegal, porque seguramente es un especulador y no pudo
justificar porque su mismo dinero y la inversión de manos privadas subió el precio
de su bien. Y en el caso de los
constructores, por 6 a 8 meses de trabajo ellos no tienen derecho a poner una
utilidad a su trabajo, sino que es el Estado quien calcula su utilidad, la cual
no justifica el sacrificio que conlleva esta actividad.
Así mismo están exentos del impuesto las herencias,
donaciones, rifas y sorteos, daciones de pago para cancelación de deuda, remates
o ventas realizadas por el Estado; en este punto hay que preguntarse, que acaso
quien compra al Estado no podrá beneficiarse de un negocio especulativo, como
se lo hace continuamente con información privilegiada, esas dudas quedan
abiertas.
2. La normativa establece la obligación de los
gobiernos autónomos descentralizados de actualizar los catastros, so pena de
ser destituidos. Como se comentó en párrafos
anteriores, creo que la Ley podría haber creado incentivos para que
voluntariamente la gente comience a actualizar los predios, no porque ellos
quisieron que su predio sea inferior, sino porque la normativa legal vigente a
la época se prestaba para este tipo se situaciones en los cuales un bien de
$100000, constaba en el predio por $15000, producto de una irresponsabilidad
del Estado, por lo que no digo que esta Ley sea lo peor, creo que el sentido es bueno, pero está llena
de imprecisiones que deberían ser revisadas; es un deber del próximo gobierno no
derogarla, sino revisarla y mejorarla.
3.- A dónde va la recaudación de este impuesto, 2/3 a
los Municipios y 1/3 al presupuesto general del Estado.
Espero que les pueda servir esta información y Ustedes
puedan sacar sus propias conclusiones.
Dr. Paul Almeida
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